Gobierno deja a “amarrados” a 14 mil funcionarios a honorarios

La Presidenta Bachelet prometió pasar a contrata a todos los empleados públicos que boletean, los que aumentaron fuertemente desde que asumió en marzo de 2014.

Funcionario “a honorarios” es una categoría laboral que usa ampliamente la Administración Pública para instalar a asesores (“operadores políticos”, en ciertos casos) en cada gobierno, ya que no requieren cupos en las nóminas de contrata de cada repartición, señala El Libero

La promesa presidencial al respecto tenia el objetivo de superar la inestabilidad e irregularidad. Apunta El Libero que: la Presidenta Michelle Bachelet a anunciar en su discurso del 21 de mayo que “al finalizar el período presidencial, no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el Gobierno central a honorarios. Se propone, en una primera etapa, la implementación de un plan de traspasos de 8.800 trabajadores, que actualmente están contratados a honorarios, a la modalidad de contrata”, explicó.

Sostuvo que, adicionalmente, “impulsaremos los cambios legales que sean necesarios de manera de evitar el uso de honorarios para el desempeño de funciones permanentes“.

La masiva llegada de funcionarios a honorarios

Si en 2013 había 35 mil funcionarios a honorarios, en 2015 la cifra subió a 47.577, pese a la promesa de la Mandataria de reducirlos».

Ello, porque si en 2013 trabajaban en el Gobierno 11.659 personas a honorarios con hasta un año de antigüedad, esa cifra subió a 21.058 en 2015. A su vez, bajó el número de quienes llevaban más de un año, dos y hasta tres años de antigüedad, ya que pasaron de 11.613 a 8.219 y de 4.507 a 3.010, y de 2.585 a 1.923, respectivamente. Lo que es una muestra de la salida masiva de funcionarios durante la administración de Sebastián Piñera y la llegada de nuevos empleados con Bachelet. Si en 2013 había 35 mil funcionarios a honorarios, en 2015 la cifra subió a 47.577, pese a la promesa de la Mandataria de reducirlos.

Ese aumento de dotación de funcionarios a honorarios, además, llevó al gasto del Estado a crecer en 39% entre 2015 y 2016. El Ministerio de Defensa lideró ampliamente con un alza del 407%, seguido por la Segpres con 188% y Energía (82%).

El traspaso prometido por Bachelet llevó a pasar de honorarios a contrata a 2 mil funcionarios en 2015, luego subió a 3.700 en 2016 y a 8 mil más este año, totalizando 14 mil.

Aumento de personal duplicó alza del presupuesto

Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dicho incremento era “prudente” y se “focaliza en lo social” ya que se “centra en prioridades ciudadanas”.

Sin embargo, donde el Ejecutivo no puso el freno, sino que el acelerador, fue en la dotación máxima de nuevos funcionarios que el Estado puede contratar durante 2017, que es de 7%, la cifra más alta, al menos, en los últimos seis años, y más que duplica el alza del Presupuesto nacional de 2,7%.

Ese 7% de incremento en el personal es mayor al 4,2% de 2016, al 4,8% de 2015, al 4,4% de 2013, y significa que el Estado podría contratar hasta 15.551 nuevos empleados fiscales, según el Informe de Finanzas Públicas de la ley de Presupuesto que elaboró la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda.

Economista: Pasar de honorarios a contrata es una “forma de amarre”

Para Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School de la Universidad de los Andes, el incremento en la planilla de honorarios es negativo principalmente por dos razones.

Primero, porque “puede ser considerado como una forma de ‘amarre’, ya que el gasto en personal es inflexible a la baja, lo que es complejo en un contexto de fuerte estrechez fiscal como el actual. Si bien no es deseable la actual estructura laboral del sector público, con distintas categorías de funcionarios de acuerdo a su estatuto jurídico, sin que eso tenga que ver con la función que desempeñan, la solución no pasa por aumentar el número de trabajadores con condiciones más rígidas”.

Por ello, plantea que se deben establecer para todos los trabajadores condiciones similares a las que tienen los trabajadores del sector privado, es decir, que la estabilidad laboral y condiciones salariales sean en función del desempeño, no del poder de presión.

“En la práctica, los funcionarios públicos gozan de bastante inamovilidad y salarios más altos que sus pares del sector privado. Este ‘amarre’ es más complejo cuando existe una probabilidad alta de que haya un cambio de signo político en el gobierno”, sostiene la economista de la UC.

A su juicio, el “aumento de funcionarios públicos en un período electoral puede considerarse como una forma de clientelismo político”.