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La iniciativa, que apunta a crear «un sistema de pensiones solidarias», fue ingresada al Congreso en mayo y se encuentra en trámite en la comisión de Constitución del Senado.
A 6 días desde que el Congreso despachó la reforma constitucional que permite a los afiliados retirar el 10% de sus fondos de pensiones, algunos parlamentarios -aprovechando el impulso que generó ese debate-, ya piensan en retomar otra discusión respecto a una modificación a la carta fundamental y que también dice relación con los ahorros previsionales.
Se trata de una iniciativa impulsada por los senadores Alejandro Navarro (País), Ximena Órdenes (Ind.), Yasna Provoste (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), la cual ingresó al Congreso oficialmente el pasado 15 de mayo y, de acuerdo con el texto del proyecto, busca establecer un «sistema de pensiones solidarias», que contemple la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia.
La idea -que surge como una alternativa a la reforma previsional impulsada por el Gobierno-, se encuentra en trámite en la comisión de Constitución del Senado y según quienes la apoyan, dentro de los próximos días se fijaría una fecha para continuar con su tramitación.
En grueso, el proyecto busca reformar la constitución para crear un nuevo sistema de pensiones, apuntando a derogar el Decreto de Ley 3.500 -el cual establece la existencia y regula el funcionamiento de las AFP- y así nacionalizar los fondos de pensiones.
La idea es traspasar las funciones de administradoras de fondos de pensiones y de la Superintendencia de Pensiones a un organismo bautizado «Instituto de Seguridad Social de Chile», con el objetivo de, según el texto, «proteger la propiedad de los trabajadores, hacer uso racional de los fondos de pensiones, que garanticen la gobernanza tripartita de estos, y se otorguen pensiones suficientes y de beneficios definidos, conforme a los estándares internacionales y normas de la Organización Internacional del Trabajo».
La iniciativa, entre otras cosas, busca que el Estado administre «el conjunto del sistema de pensiones tanto de las Fuerzas Armadas y de Orden, como el de las pensiones civiles», creando una pensión básica universal equivalente al salario mínimo.
Este sistema, sería financiado de manera tripartita, con igual contribución del trabajador y el empleador, mientras que el aporte estatal sería definido en la ley de presupuesto, de manera trianual.
«Las trabajadoras y trabajadores menores de 60 años si son mujeres y menores de 65 si son hombres, estarán obligados a contribuir al Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y a la Reserva Técnica Legal», a través del 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles, dice el proyecto, agregando que esto hasta 2027, ya que a partir de ese año «la contribución se rebajará 1%».
Asimismo, se busca restituir «el aporte patronal, que será equivalente al aporte del trabajador. Este aporte deberá alcanzar un 9% y se incrementará gradualmente de manera proporcional hasta el año 2026».
La entidad que reemplazaría a las AFP
Respecto al mencionado «Instituto de Seguridad Social de Chile» y que vendría a reemplazar a las AFP en cuanto a la gestión de la cotización obligatoria de los trabajadores, este sería un «organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio», indica el documento, y cuya administración correspondería a un consejo que estará integrado por nueve consejeros que durarían ocho años en sus funciones.
El proyecto, además, establece que «los fondos de las cuentas de capitalización individual, administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán siendo propiedad de los trabajadores, debiendo ser traspasados al Instituto de Seguridad de Chile». Asimismo, a aquellos trabajadores cuyos fondos sean traspasados desde las AFP al nuevo sistema, se les emitirá «un certificado denominado Bono de Reconocimiento Nocional de Previsión Solidario, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de 2% anual».
Por último, la iniciativa señala que las AFP podrán seguir administrando «el ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo y cualquier instrumento de ahorro voluntario complementario, acumulado y futuro, aportado por los trabajadores destinado a complementar las pensiones del sistema solidario de pensiones».
«El proyecto sigue su debate y fijaremos las fechas para seguir su tramitación. Vamos a ver el conjunto de normas que se han estado aprobando, hay una discusión abierta en el nuevo sistema previsional y vamos a recoger los antecedentes que se han puesto en la mesa sobre el fracaso del sistema de AFP», aseguró a El Mercurio el senador, impulsor del proyecto y presidente de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti.
Mientras que la senadora Yasna Provoste cuestionó la reforma al sistema que impulsa el Ejecutivo y que está trámite en la comisión de Trabajo del Senado. «Lo de la comisión de Trabajo es una reformita, no estoy de acuerdo con parchar 40 años de modelo fracasado», dijo. Por ello, recalcó, «se requiere la creación de un nuevo sistema que entregue buenas pensiones garantizadas».
«Por eso hemos planteado en nuestro proyecto que debe tener una base sólida, con solidaridad intra e intergeneracional, que asegure pensiones por sobre la línea de la pobreza, con una nueva institucionalidad, donde las ganancias les lleguen a los pensionados», aseveró.
Fuente: Emol.com
