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La publicación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) se produce luego de los fallidos esfuerzos de la importadora de mascarillas que libra un litigio en contra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) solicitando su quiebra por el no pago de una millonaria deuda. En efecto, el 29 de julio pasado, la defensa de Best Quality Products SpA solicitó adelantar la audiencia inicial debido a los “graves y diversos perjuicios” supuestamente ocasionados por la entidad que preside el alcalde de Recoleta.
El pasado viernes, el Boletín Concursal de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) publicó la petición de liquidación forzosa que en el marco de la Ley Nº 20.720 solicitó Best Quality Products SpA en contra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). Esto, luego de que la importadora, que se dedica a la venta de mascarillas y otros insumos médicos, acusara el no pago de 10 facturas emitidas entre los meses de julio y noviembre de 2020, y que suman un total de $1.292 millones en productos para combatir el Covid-19.
En paralelo, el regulador también develó la última resolución del magistrado Gustavo Cerón, del 4º Juzgado Civil de Santiago, y que viene a ser clave en el proceso de quiebra. Se trata de la audiencia inicial fijada para el próximo 6 de septiembre, a las 10 horas, y que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom debido a las restricciones de aforo vigentes para recintos cerrados.
Para la abogada María Paz Guerra, representante de Best Quality SpA, por ahora Achifarp puede seguir contrayendo obligaciones financieras sin inconvenientes, por cuanto no existe un impedimento legal, lo que no obsta a que proveedores o terceros verifiquen las publicaciones que se realizan en el Boletín Concursal y en función de esto adopten algún tipo de decisión en cuanto a otorgar crédito o financiamiento. En esa línea, la abogada del estudio Lagos y Vargas indicó que “las restricciones de los créditos a Achifarp, estará determinada, por ahora, por los resguardos que cada institución, banco o proveedor decida adoptar”. “Si me preguntas en abstracto, es de sentido común que antes de que se otorgue un crédito se revise la solvencia del futuro deudor”, acotó.
La publicación de la Superir se produce luego de los esfuerzos de la importadora por acelerar el proceso de quiebra en contra de Achifarp. En efecto, el 29 de julio pasado, la defensa de Best Quality Products SpA solicitó adelantar la audiencia inicial debido a los “graves y diversos perjuicios” ocasionados por la entidad que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
En su presentación, la compañía recordó al tribunal que la demanda de liquidación forzosa fue presentada el día 23 de junio e insistió en que sea adelantada la fecha para el “resguardo y observancia de sus derechos e intereses”.
Sin embargo, el magistrado desestimó la petición considerando la agenda de audiencias, ya que acceder a la petición podría provocar un “trastorno en el funcionamiento normal y adecuado de esta unidad jurisdiccional, y teniendo presente, además, la cantidad de días de antelación con que debe notificarse la acción interpuesta a la parte demandada, así como el lapso de tiempo promedio en que se encomiendan y ejecutan los encargos por los ministros de fe correspondientes”.
Entre los productos que adquirió Achifarp a Best Quality Products SpA están: mascarillas de tres pliegues y KN-95, guantes de nítralo, termómetros infrarrojos y pecheras desechables con ojal. Hoy la compañía, que es liderada por Álvaro Castro Robles (50), se encuentra en una situación financiera crítica debido al no pago por los productos importados en plena pandemia.
El caso no sólo se debate en sede civil, sino que también en justicia penal. Ello luego de que el 5 de marzo de 2021 la importadora presentó una querella por estafa en contra del presidente de la agrupación que reúne a los municipios y cuyo directorio es presidido por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue (PC).
“El señor Jadue nos hizo confiar utilizando su imagen pública con el sólo objeto de obtener que le vendiéramos nuestras mercaderías, cosa que realizamos de buena fe, logrando de esta forma la disposición patrimonial de nuestros insumos, los que fueron recepcionados sin reclamo alguno y que hoy en día continúan vendiendo como es posible apreciar tanto en las propias sucursales como también en la propia página web de Achifarp https://www.achifarpchile.cl/, lo que le ha permitido lucrar con nuestra mercadería”, consignó la querella
La batalla que se aproxima
En la audiencia inicial del proceso de liquidación forzosa de Achifarp pueden suceder al menos tres escenarios. El primero de ellos es que la sociedad se allane y afirme que no puede cumplir con los pagos a sus acreedores, solicitando su quiebra. La segunda opción es que la empresa pague la deuda por medio de una consignación directa al tribunal, cerrando el conflicto de manera inmediata. La tercera posibilidad es que la deudora se acoja a un proceso de reorganización, pero ninguna de estas opciones es la que más cobra sentido.
La última opción que ofrece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es que la Achifarp se defienda y asegure que la deuda no existe o que cuestione la legimitación del demandante para pedir la quiebra.
En efecto, el 21 de julio pasado, la asociación por medio de una declaración reconoció haber mantenido acuerdos comerciales con la demandante y rechazó la acción judicial.
“El trato inicial consistió en que el proveedor le entregó a Achifarp un total de cuatro contenedores de mascarillas que en total sumaron 4.290.000 unidades y que a la fecha se mantiene un total de 3.867.195 unidades en las bodegas de la asociación que no han sido comercializadas”, sostuvo el comunicado.
Asimismo, detalló que se acordó la compra de insumos por poco más de $1.300 millones y en donde, “a diferencia de lo que indica falazmente la empresa, se han enterado importantes sumas de dinero a modo de pago parcial del monto adeudado. A la fecha, se le han pagado cerca de $ 460 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”.
“El hecho de que existan dineros pendientes de pago por parte de Achifarp (en ningún caso desconocidos por nuestra asociación), fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales, producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa y ahora a esta demanda de liquidación forzosa, como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra asociación”, añadió.
La Tercera PM contactó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y presidente de Achifarp, quien declinó responder a las consultas planteadas sobre este artículo.
Fuente: latercera.com
