La otra cuenta: 74% de los incendios forestales en la región más afectada fueron intencionales

De acuerdo con el balance dado a conocer por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la región más afectada por los incendios forestales fue el Biobío con 184.210 hectáreas quemadas; y 74% de esos siniestros fueron intencionales. Las cifras dan la razón a los gremios que en su minuto acusaron “negacionismo” de las autoridades sobre este tema, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la discusión por estas cifras “no era útil”; el subsecretario Manuel Monsalve cuestionó que “muchos que creen que pueden reemplazar al Ministerio Público” y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, planteó la teoría de los conejos.

El Presidente Gabriel Boric presentará hoy su Cuenta Pública. Si bien han trascendido algunos de los temas que abordará, es una incógnita si se referirá a una de las crisis más graves vividas en el último año: las 431 mil hectáreas arrasadas debido a los incendios forestales y que tuvieron como consecuencia 26 personas fallecidas. Y es que, según datos entregados por la CONAF, 35% (618) del total de los siniestros (6.947) fueron causados de forma intencional; pero en la Región del Biobío, que fue la más afectada con 184.210 hectáreas consumidas, el porcentaje de intencionalidad asciende a 74%. 

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a estas cifras el lunes en el cerro San Cristóbal, cuando fue presentado el balance de la temporada de incendios forestales 2022-2023.

En ese acto, Valenzuela precisó, según La Tercera, que en la región del Biobío hubo “casi 80% de intencionalidad, lo cual ratifica de que hay grupos criminales, que hay causas de conflicto”, y agregó que estas “no se resuelven con actos criminales, se resuelven dialogando y buscando acuerdos como el gobierno lo propicia”.

Valenzuela enfatizó que “hay que terminar con la impunidad, tiene que haber más inteligencia, más foco de las instituciones policiales y la fiscalía en esta dimensión. Nosotros, como Ministerio de Agricultura y CONAF hemos duplicado las unidades de investigación y queremos que haya mucho más cooperación público-privada, entre CONAF y CORMA”.

Casi el 80% de los incendios forestales en Biobío fueron intencionales

La segunda región más afectada por los incendios forestales fue La Araucanía, donde 116.377 hectáreas fueron dañadas. En esa región, que también vive episodios reiterados de violencia, la intencionalidad fue de 48%. Tanto en la VIII como en la IX Región, las cifras están muy por encima del promedio nacional en donde la intencionalidad es de 35%. 

En Biobío las hectáreas afectadas aumentaron 692% con respecto a la temporada anterior y en La Araucanía el aumento fue de 61%.

“El balance nos entrega desafíos tremendos. Primero, el de la impunidad, el ministro ha entregado cifras impactantes, que casi el 80% de los incendios investigados por CONAF en la Región del Biobío, la capital forestal de Chile, son intencionales (…) y por lo mismo hemos solicitado al Fiscal Nacional y al coordinador interregional el poder agilizar estas investigaciones porque la impunidad solo alienta a estos delincuentes a seguir dañando la vida humana -26 personas fallecidas- y la naturaleza, más de 400 mil hectáreas de biodiversidad destruidas”, dijo durante el balance el presidente de la Corporación de la Madera (CORMA), Juan José Ugarte. 

Vacaciones suspendidas por el fuego

Debido a los estragos que estaban causando los incendios, el Presidente Boric interrumpió sus vacaciones para visitar las regiones de Ñuble y Biobío que a principios de febrero fueron las más afectadas y las primeras en las que se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe el 3 de febrero. Al día siguiente, también se decretó estado de catástrofe en La Araucanía. Medidas que fueron prorrogadas por 30 días por última vez el 3 de mayo considerando la magnitud de los incendios forestales.

La complejidad de la temporada incluso concitó la ayuda internacional, con 891 brigadistas provenientes de Argentina, España, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Portugal y Francia, más los aportes en materiales de Canadá y Estados Unidos consistente en motobombas, motosierras y mangueras, de acuerdo con el balance.

Esto abrió un flanco para el gobierno, ya que hubo cuestionamientos sobre la ex canciller Antonia Urrejola, quien no anunció la suspensión de sus vacaciones sino hasta el 9 de febrero y en ese período había dudas sobre cómo se estaba llevando a cabo la coordinación de las ayudas internacionales, siendo que la ex subsecretaria de la cartera, Ximena Fuentes, también estaba haciendo uso de su feriado legal.

800 denuncias y querellas por incendios forestales y ningún detenido

Las cifras de intencionalidad, dadas a conocer por Valenzuela, lo que hacen es ratificar lo advertido por los gobernadores y los gremios productivos de La Araucanía y el Biobío cuando las llamas aún estaban siendo controladas.

El 4 de febrero el presidente de CORMA, Juan José Ugarte, tras una reunión del Comité nacional de emergencias que lideró la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la sede de Senapred en Santiago, en la que hubo representación de CONAF, Minagri e instituciones dedicadas a emergencias hizo un llamado a un “¡alto al fuego!” y a “evitar que personas sigan provocando incendios”.

Pero en la actividad del 29 de mayo, Ugarte precisó que “las empresas forestales han presentado más de 800 denuncias y querellas y hasta el día de hoy no hay ningún detenido”.

También al momento más álgido de la crisis, el alcalde de Lumaco, en la región de La Araucanía, Richard Leonelli, denunció el 6 de febrero: “Tuvimos información fidedigna de que había personas encapuchadas en motos y en vehículos que andan con las patentes alteradas, que no son de acá de la comuna de Lumaco, prendiendo focos de incendios”. Agregó que “ayer y antes de ayer (sábado y domingo) se comprobó en terrenos que había grupos prendiendo (fuego)”.

Y hubo investigaciones periodísticas que mostraban el uso de «Miguelitos XL» para impedir que los brigadistas llegaran a los lugares de los siniestros; también el caso de un predio en el que hubo 18 incendios en poco más de dos meses; y los llamados “incendios multificos” que eran lineales y simultáneos.

Los conejos de Montes

Sin embargo, ante los cuestionamientos de gremios y autoridades locales, desde el Ejecutivo trataban de poner paños fríos al tema de la intencionalidad.

Por ejemplo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien era el enlace del Gobierno en la región del Biobío para la emergencia, tomó distancia de las denuncias de intencionalidad: “Si fuera verdad todo lo que se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy compleja”. Apuntó el 19 de febrero que hasta ese momento no había “nada concreto, ningún dato concreto que permitiera decir que eso tenía el fundamento de lo que se ha señalado”.

En el intento por bajar el perfil de esta discusión, Montes lanzó una inesperada teoría: “Usted sabe el tema de los conejos, que yo no tenía idea y lo aprendí ahora, los conejos cuando parte un incendio se queman y arrancan a la zona (donde) no hay fuego y ellos llevan el fuego para otro sector. Entonces, me contaban que en otro incendio acá mismo en la región había personas dedicadas solamente a dispararle a esos conejos para que no trasladaran el fuego”.

A lo que el alcalde de Lumaco respondió en entrevista con El Líbero: “Acá no son los conejos los que iniciaron los focos de incendios, claramente los incendios no los inician los conejos. No sé si el ministro quiso decir eso, en qué contexto lo dijo, pero yo hablo por la comuna de Lumaco, y acá los incendios fueron provocados, porque los vimos. Es un hecho real. Por eso me atreví como alcalde a interponer esta querella criminal contra quienes resulten responsables”.

Intencionalidad bajo perfil

Hay otros ejemplos: El 17 de febrero la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que hasta ese momento se estimaba que un 25% de los incendios de 2023 tenían intencionalidad. Y el 22 de febrero la misma Tohá llamó a cerrar la controversia que existía en torno a las diferentes cifras informadas respecto a la intencionalidad. “No es útil seguir en esta disputa de número”, dijo la jefa del gabinete al salir de un nuevo Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

“En lugar de hacer juego con las cifras, hagamos una invitación a los ciudadanos que les interese este tema, a mirar el portal de Conaf, que además tiene datos históricos. Los demás aboquémonos a lo que nos toca”, añadió Tohá.

Sus dichos incomodaron a los gremios forestales de Biobío. “Ese ‘negacionismo’ detiene la discusión. Detener la discusión en torno a esto, es no querer enfrentar el problema y no buscar soluciones a futuro”, declaró el presidente de la Asociación Gremial de Pequeños y medianos actores del sector forestal (PymeMad Bío Bío), Michel Esquerré.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se involucró en la discusión. El 15 de febrero dijo en entrevista con Radio Infinita: “¿A quién le corresponde investigar? Al Ministerio Público. No al Gobierno, no a Corma. El Ministerio Público es el que tiene que determinar el origen y la responsabilidad de los incendios”, e hizo un llamado “a los empresarios, también a las otras instituciones, a ser cautelosos con la autonomía de quienes cumplen la labor constitucional de persecución civil”.

Para luego agregar que “hay muchos que parece que creen que pueden reemplazar la labor del Ministerio Público y muchos seguramente creen que pueden hacerlo mejor que el fiscal nacional o mejor que quien gobierna”.

Y el 27 de febrero el subsecretario salió a responderle al gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien aseguró que “hay zonas de nuestra región donde cerca del 100% de los incendios son intencionales”; a lo que Monsalve replicó: “No tengo por qué desconfiar de la información que entrega el gobernador, pero finalmente las certezas las dan las investigaciones. En todo hecho criminal, finalmente lo que importa son los resultados y la evidencia que se puede recabar durante un proceso investigativo. Me quedo con la información preliminar que entrega el gobernador, pero la confianza está depositada en el trabajo investigativo que van a hacer las instituciones”.

Fuente: ellibero.cl