INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
La distribuidora eléctrica denunció que este delito la sigue afectando «fuertemente» y llamó al Gobierno a combatir a las bandas que están detrás.
Las regiones de Coquimbo, O’Higgins y Arica encabezan el ránking de material sustraído.
La Compañía General de Electricidad denunció un «aumento exponencial» del delito de robo de cables, y llamó a las autoridades a combatir con mayor decisión a las «bandas organizadas» que están detrás.
La distribuidora explicó que durante 2022 sufrió 854 robos, que se tradujeron en 170 kilómetros de cables robados, con un perjuicio para más de 277 mil clientes. Estos datos triplican a los de 2021.
En tanto, durante los primeros seis meses de 2023 -entre enero y junio- ha habido 671 robos, equivalentes a 97,894 kilómetros, que han afectando a 110 mil clientes y han requerido una inversión de 2.295 millones de pesos en reparaciones.
«El robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros, como compañía, realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país», señaló Matías Hepp, director de Operaciones de CGE.
RANKING REGIONAL
CGE presta servicio a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, e indicó que «este delito está extendido por todo el territorio» en el que opera.
Medido por cantidad de metros de cable robado, con datos del primer trimestre de 2023, el ránking lo lidera la Región de Coquimbo (25 mil 421 metros), O’Higgins (23 mil 630), Arica y Parinacota (15 mil 561), Atacama (11 mil 151), Biobío (7.158 metros), Antofagasta (4.872 metros) y la Región Metropolitana (3.533 metros).
«Más atrás se ubican las regiones de Maule, Valparaíso y La Araucanía, que en conjunto suman más de 2.500 metros de cable robado en diversos episodios», detalló la firma.
«Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas«, enfatizó Matías Hepp.
Fuente: cooperativa.cl
