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Mientras el canciller Roberto Ampuero se encontraba en el matinal de Canal 13 Bienvenidos explicando las implicancias del fallo que viene de La Haya, en el ministerio de Relaciones Exteriores -ubicado a poco mas de 4 kilómetros de la estación televisiva-, el secretario general de Política Exterior, Patricio Torres, le entregaba una nota de protesta al embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro vinculara a Chile con el supuesto atentado que ocurrió en Caracas a principios de agosto.
La acusación, que también incluyó a México y Colombia, se realizó días antes de que Chile confirmara que, junto a otros cuatro países, pedirá a la Corte Penal Internacional que investigue posibles violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.
“Ahora Chile es un ‘enemigo’ y el gobierno venezolano va a buscar la manera de destruir cualquier pretensión de legitimidad que pueda tener su requerimiento tratando de involucrarlo en supuestos planes desestabilizadores”, señala a “El Líbero, Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, para explicar la actitud que en este tema ha tomado Maduro.
En parte es por este motivo que al interior de la Cancillería chilena no sorprendió el intento de Venezuela de vincular a Chile en el supuesto atentado. Al interior del ministerio explican también que se trataría de una “medida desesperada” de las autoridades venezolanas para contrarrestar las acciones que ha tomado La Moneda desde que Sebastián Piñera asumió como Presidente el 11 de marzo.
La estrategia chilena: liderazgo regional y condena a violación de DD.HH.
Al menos son siete los episodios en los que el gobierno de Piñera ha mostrado una coherente postura ante Venezuela, desde el 11 de marzo: ha sido crítico con la falta de democracia y violación a los DD.HH., ha tomado medidas para acoger a ciudadanos venezolanos y ha liderado acciones internacionales en la región.
Por ejemplo, el 16 de abril comenzó a regir la visa de Responsabilidad Democrática implementada por el gobierno. “La grave crisis democrática por la que actualmente atraviesa Venezuela, país que acogió a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras”, señaló el Jefe de Estado cuando dio a conocer la medida de crear el nuevo documento, que debe ser solicitado en el consulado chileno en Caracas.
Tras ellos, luego de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido en unos cuestionados comicios, el gobierno chileno decidió no designar un embajador para dicho país con el objetivo de reducir las relaciones diplomáticas con Caracas. La medida que se sumó a la postura del Ejecutivo de no reconocer la votación, en conjunto con el Grupo de Lima, fue defendida por el canciller Ampuero en el Congreso. “Chile no es un llanero solitario que anda repartiendo lecciones por el mundo”, señaló el titular de Relaciones Exteriores, quien añadió que La Moneda estaba “actuando en consonancia con la gran mayoría de los países latinoamericanos”.
Pero la tirantez en las relaciones todavía no vivían su momento más complejo. Eso ocurrió en la asamblea del 70° período de sesiones de la Organización de Estados Americanos, que se llevó a cabo a comienzos de junio. Allí se produjo un duro intercambio entre representantes de ambas naciones. En el encuentro coincidieron los cancilleres Roberto Ampuero y Jorge Arreaza que culminó en un intercambio de opiniones luego de que el diplomático chileno calificara a Venezuela como una dictadura. Esto fue respondido por Arreaza, quien dijo: “Yo creo que la democracia chilena no es ejemplo para la venezolana, en lo absoluto”. A lo cual Ampuero contestó: “Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros Estados, a otros gobiernos, imagínense como trata a los venezolanos”
Dos días antes de este impasse, el Presidente Piñera envió una carta al secretario general del organismo, Luis Almagro, solicitando una participación de la CPI. “Debemos reconocer y respetar el trabajo independiente e imparcial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Dentro de ese régimen, Chile siempre reclamará a Venezuela su obligación de cooperar con la Fiscalía ante todo hecho que sea objeto del examen preliminar”, señaló el Jefe de Estado. Transformando, de esta forma, a Chile en el primer país en pedir el actuar del tribunal con sede en La Haya.
Y la estrategia internacional de Chile continuó. Un mes después, durante su visita por la Unión Europea, el canciller, junto a representantes del Grupo de Lima firmaron en Bruselas una declaración en la que condenaron “la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos“.
Sobre el rol de Chile, se refiere el diputado venezolano Walter Márquez. En conversación con “El Líbero”. Comenta que es “importante que Chile haya sumado su esfuerzo diplomático para pedir la investigación contra Nicolás Maduro en la CPI“. Postura que comparte el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, quien sostiene que la denuncia ante La Haya “pone, a quienes vayan a ser señalados como culpables de esos crímenes, en una posición muy delicada y les hace el mundo más pequeño. Ya no pueden estar con las mismas libertades y posiblemente sirva para disuadirlos de continuar con este esquema represivo“.
Esto se debe a que si el tribunal ya inició una investigación preliminar, a cargo de la fiscal gambiana Fatou Bensouda, el organismo no está obligado a concluirla o hacer pública sus conclusiones. Situación que cambia cuando el proceso es solicitado por un país ya que en este caso, la fiscal debe iniciar la investigación y justificar las decisiones que tome, las que deben ser controladas por la institución.
A estos episodio se sumó el factor Estados Unidos. El viernes pasado, la Casa Blanca confirmó que el Mandatario chileno se reunirá con su par Donald Trump, y entre los temas de conversación se encontrarán “los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela”. La cita se llevará a cabo pocos días después de que Piñera participe en el 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encuentro en el que, también, se abordará la situación que vive el país caribeño.
Será en este evento político en que los cancilleres de Chile, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay anuncien de forma oficial el envío de una solicitud a la CPI para que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Esto fue confirmado, por el ministro Ampuero este lunes. “Como ya también lo ha manifestado el gobierno de Perú, estamos acercándonos hacia la presentación del documento, han investigado la situación de los derechos humanos en Venezuela para que sean entregados a la Corte Penal Internacional“, indicó el secretario de Estado.
“Lo que hacen Perú, Chile y Colombia en Sudamérica, de generar presión por un cambio político, evidentemente que el gobierno de Maduro parece no perdonarlo”
La noche de este lunes el gobierno venezolano continuó con la ofensiva en contra del Ejecutivo chileno. Fue el propio Nicolás Maduro, quien a través de una cadena nacional, señaló: “Todavía hay gobiernos como el de Chile que está embarrado, bien embarrado, de esta operación. Cada vez aparecen más elementos de sectores del gobierno chileno de derecha, de Sebastián Piñera, involucrados y embarrados en esta operación“.
En la oposición venezolana la estrategia de Maduro es vista como algo esperable y previsible. “La acusación no se sostiene y es un intento por deslegitimar la política exterior chilena con nuestro país“, señala una alta fuente del Poder Judicial de dicho país, quien además sostiene que lo que el gobierno chileno ha hecho “es procurar una solución pacífica y electoral del problema venezolano sin ningún tipo de atentado, ni golpe de estado, ni nada que contravenga el derecho internacional público”.
“Pareciera que se está utilizando este episodio terrible para avanzar en la confrontación y eliminación de todo adversario“, apunta el diputado Ángel Medina, quien hace una comparación entre la estrategia que está teniendo el gobierno venezolano con sus pares latinoamericanos con lo que ha realizado al interior de su país y señala que hay cierta semejanza entre “la detención del diputado Juan Requesens, la petición de extradición de Julio Borges y, ahora, un frente contra tres naciones que tienen una postura muy clara frente a lo que pasa en Venezuela”.
Por su parte el ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex embajador ante la ONU, Milos Alcalay, indica “El Líbero” que el régimen intenta “victimizarse cuando es el Estado el que incumple los compromisos internacionales y que cree que con estos atropellos a otros países puede desviar la atención de los países presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas” y añade que es “cada vez es más claro el aislamiento internacional que sufre el gobierno por sus violaciones de lesa humanidad”.
En la misma línea se encuentra el legislador Sergio Vergara, quien apunta que realizar este tipo de acusaciones a días de la reunión del organismo internacional “busca desvirtuar y socavar la credibilidad de dicha acusación ante la opinión pública internacional, particularmente hacer mella en todo lo que tiene que ver con la participación de los gobiernos amigos del pueblo venezolano“.
En tanto, el diputado Ángel Alvarado dice: “Lo que hacen Perú, Chile y Colombia en Sudamérica, de generar presión por un cambio político, evidentemente que el gobierno de Maduro parece no perdonarlo”. Además sostiene que la acusación es “una maquinaria propagandística y evidentemente en el exterior esto está claro que esto no tiene ningún asidero, pero internamente podrían engañar un poco a la gente”.
Una mirada más global entrega el politólogo veenzolano residente en Chile,Jesús Castellanos. Apunta a que la estrategia del gobierno de Maduro de involucrar a Chile, Colombia y México en el atentado “responde a la desesperación por lo ineficiente de las medidas económicas, el cuestionamiento de las mismas, el incremento del nivel de las protestas, la presión internacional o la suma de todas estas”. El experto señala que son “varios los frentes abiertos a nivel internacional” y ejemplifica no solamente con la denuncia ante la CPI sino que también con la postura que ha tomado el secretario general de la OEA con el país caribeño, la discusión por el tema migratorio que se ha dado en dicho organismo y la preocupación de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos por la crisis que vive dicha nación. “La amenaza de una intervención militar tiene muy sensible a la cúpula del régimen. No es fortuito el “Buque médico” chino en costas Venezolanas”, finaliza Castellanos.
